La Secretaría de Contraloría del Gobierno del estado de Hidalgo, bajo la dirección de Álvaro Bardales Ramírez, continúa fortaleciendo sus esfuerzos en busca de la transparencia y legalidad en la administración pública. Como parte de esta iniciativa, se han llevado a cabo revisiones detalladas y exhaustivas en el padrón de proveedores y contratistas, con el objetivo de garantizar la autenticidad de los documentos presentados por las personas físicas y morales registradas en dicho padrón.

Desde el inicio de la administración, la Secretaría de Contraloría ha trabajado arduamente en la revisión de 718 expedientes pertenecientes a proveedores y contratistas. Esta labor tiene como finalidad asegurar que los documentos proporcionados por los usuarios sean legales y verídicos, en línea con los principios de legalidad y transparencia promovidos por la administración estatal.

Hasta el momento, los resultados de estas revisiones han llevado a la baja de 4 contratistas y 62 proveedores en el padrón. De estos, 36 proveedores fueron excluidos debido a facturas canceladas y 4 contratistas fueron eliminados del padrón por presentar expedientes falsificados.

Por otro lado, 585 proveedores y 27 contratistas han superado las revisiones sin observaciones ni irregularidades, lo que refleja su cumplimiento con las disposiciones legales vigentes.

Estos esfuerzos de revisión y actualización del padrón de proveedores y contratistas buscan integrar, administrar y mantener actualizada la base de datos de la dependencia, todo ello en estricto cumplimiento de las regulaciones legales vigentes. Garantizar la legalidad y autenticidad de los documentos presentados es esencial para mantener la integridad de los procesos de licitación pública, promoviendo la competencia justa y la participación de empresas y personas en la prestación de servicios al Gobierno del estado de Hidalgo.

La Secretaría de Contraloría reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas en la administración pública, asegurando que todos los proveedores y contratistas cumplan con los más altos estándares de calidad y ética en su colaboración con el Gobierno estatal.