Sanciones aplicables por actos u omisiones en los que puedan incurrir servidores públicos que utilicen estructuras gubernamentales con fines electorales, se ejecutarán con apego a ley de cara al proceso comicial de 2024, informó Álvaro Bardales Ramírez, secretario de la Contraloría en Hidalgo. 

Afirmó que la administración encabezada por el gobernador Julio Menchaca Salazar, evitará el desvío de los recursos públicos con fines político-electorales o se utilicen en actos anticipados de campaña.

Bardales Ramírez indicó que el gobierno de Hidalgo actuará  con apego a la “Ley General de Responsabilidades Administrativas”, para determinar los mecanismos de corrección e investigación que en cada caso correspondan. 

De acuerdo con el calendario electoral 2024, en Hidalgo se renovarán 30 diputaciones locales —18 por mayoría relativa y 12 de representación proporcional—, así como 84 presidencias municipales, 84 sindicaturas, 14 sindicaturas de Primera Minoría (PM).

En este contexto, Álvaro Bardales consideró que a pesar de que la ley no obliga a servidores públicos a renunciar a cargos públicos, en caso de buscar puestos de elección popular, deben conducirse con apego a la norma, mantener su desempeño laboral en su cargo o comisión y realizar su proceso bajo la premisa de servir al pueblo.

“Durante esta primera etapa aquellas personas que aspiran al cargo podrán realizar actividades dirigidas a militantes y simpatizantes de los partidos políticos, pero sin el uso de recurso públicos o en horarios laborales, las y los inscritos ya cuentan con una serie de restricciones con el fin de no aventajar en el proceso electoral”, recordó el titular de la Contraloría. 

Reiteró que los aspirantes deben estar apegados a los principios de legalidad, honradez e imparcialidad, para no caer en actos anticipados de campaña con el uso de recursos públicos que incluso pueden considerarse desvíos y daños a la hacienda pública. 

Álvaro Bardales expresó que será responsable el servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío recursos, ya sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico y en contraposición a las normas aplicables, a cambio de otorgar u ofrecer una ventaja indebida en el futuro en caso de obtener el carácter de servidores públicos de elección popular.