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Denunciaron fraude a ISSSTE y SAT en gobierno de Fco. Olvera

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Claudio Ordoñez

19/12/2023 - 02:48 pm

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​La Procuraduría General de Justicia del Estado anunció medidas legales contra el Instituto Hidalguense de Educación (IHE) debido a un adeudo que supera los cinco mil millones de pesos con el Instituto de Seguridad y Servicios Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Este escándalo financiero, que data de la administración de Francisco Olvera Ruiz (2011-2014), ha destapado una red de irregularidades fiscales y financieras que comprometen al ex gobernador.

Detalles del Caso

Durante los primeros cuatro años de la administración de Olvera Ruiz, el IHE acumuló una deuda millonaria por cuotas y aportaciones a la seguridad social de los trabajadores burocráticos. La cifra incluye también la retención no reportada al Sistema de Administración Tributaria (SAT) del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Olvera Ruiz enfrenta una doble responsabilidad, ya que no solo dejó endeudado al estado, sino que también desvió una considerable suma al incumplir con las obligaciones fiscales de su gobierno. La denuncia, impulsada por el ex Subsecretario de Finanzas y Administración de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, Pablo Pérez Martínez, señala al ex gobernador como el cerebro detrás de un quebranto estimado en 2 mil 700 millones de pesos.

Pablo Pérez Martínez, condenado por sustraer cientos de millones de pesos de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, envió una carta desde prisión a la Procuraduría, calificando a Olvera Ruiz como un "traidor". Pérez Martínez se ofrece a colaborar con pruebas para garantizar que la autoría intelectual del ex gobernador no quede impune.

La denuncia de cinco mil millones de pesos al ISSSTE y las acusaciones de Pérez Martínez revelan la magnitud de los desfalcos durante la administración de Olvera Ruiz. El ex gobernador, actualmente vinculado a la "Agrupación Ciudadana Punto de Encuentro", busca evitar acciones legales mediante su inclusión en algún cargo de elección federal. Sin embargo, las autoridades judiciales podrían requerirlo antes de cualquier nombramiento para rendir cuentas por los millonarios desfalcos.

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