En una medida contra prácticas irregulares, la Secretaría de Contraloría anunció la cancelación del registro de tres empresas más en el Padrón de Proveedores y Contratistas, alcanzando así el total de 100 empresas suspendidas a lo largo de 2023.

Las empresas CORPORATIVO JUBAI S.A. de C.V., CONSULTORÍA DWART S.A. de C.V. y CREACIONES ESPECTÁCULOS Y PRODUCCIONES DE MÉXICO S.A. de C.V., enfrentarán una suspensión de cinco años, impidiéndoles realizar contrataciones en el territorio hidalguense hasta después del ejercicio 2028.

Esta decisión se basa en la detección de diversas irregularidades en los procesos de contratación y en la revisión de expedientes empresariales, una medida encaminada a salvaguardar la transparencia y legalidad en la administración pública.

CORPORATIVO JUBAI S.A. de C.V. tuvo su contrato, valuado en cerca de 10 millones de pesos, rescindido por incumplimientos en la prestación de "Servicios de consultoría y Asesoría". Además, se encontraron coincidencias en el domicilio fiscal con CONSULTORÍA DWART, ubicado en la colonia Granjas Ecatepec, primera sección.

CONSULTORÍA DWART S.A. de C.V. también enfrenta la suspensión del registro debido a la rescisión de un contrato por aproximadamente 3 millones novecientos mil pesos, destinado a "Servicios de informática (Desarrollo de una aplicación responsiva)". Comparte el mismo domicilio fiscal en la colonia Granjas Ecatepec, primera sección, con CORPORATIVO JUBAI.

Por su parte, CREACIONES ESPECTÁCULOS Y PRODUCCIONES DE MÉXICO S.A. de C.V. recibió contratos por un monto cercano a 157 millones durante el ejercicio 2022, abarcando áreas como el suministro de medicinas, servicios de limpieza, arrendamiento de módulos temporales, entre otros. Sin embargo, la empresa fue incluida en el registro de empresas sancionadas del gobierno estatal, lo que ha llevado a la Secretaría de Contraloría a solicitar su boletinado oficial y su inclusión en dicho registro.

Estas acciones no solo buscan sancionar a las empresas involucradas, sino también prevenir futuras contrataciones por parte de dependencias, entidades paraestatales, municipios y organismos de origen estatal. La medida garantiza así una gestión transparente y ética de los recursos públicos, reforzando el compromiso contra la corrupción en el ámbito gubernamental.