En medio de un escándalo de presunta corrupción durante la administración municipal encabezada por Yolanda Tellería, se ha vinculado a proceso a Leonardo Escudero Sánchez, exdirector de Reglamentos y Espectáculos del ayuntamiento, por su presunta implicación en la emisión de licencias de funcionamiento falsas.

El exfuncionario, el cual permanecerá en libertad mientras se lleva a cabo la investigación. Según las autoridades, se estima que en un plazo de seis meses se integrarán todas las pruebas pertinentes, y será la autoridad competente la encargada de determinar su grado de implicación en las denuncias presentadas.

Ricardo Rivera Barquín, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Pachuca, reveló que se han detectado al menos 26 casos de licencias fraudulentas otorgadas durante el año 2019 en la administración municipal anterior.

Rivera Barquín detalló que estas licencias se asociaron principalmente a establecimientos dedicados a la venta de alcohol, como depósitos, vinaterías, restaurantes y restaurantes-bar. La irregularidad fue descubierta gracias a la implementación de un gobierno digital, que utilizó una plataforma para prevenir actos de corrupción. Algunas personas presentaban números de folios que no correspondían a los expedidos por la administración, lo que levantó sospechas sobre la autenticidad de las licencias.

El secretario de Desarrollo Económico destacó que las licencias fraudulentas estaban vinculadas a números de folio superiores al 6 mil, mientras que la administración municipal había adquirido únicamente folios del 001 al 6 mil durante ese periodo. Esta discrepancia reveló que las licencias con números de folio 6 mil en adelante no habían pasado por el ayuntamiento y no tenían un registro de pago por ese ingreso.

Un peritaje realizado confirmó que la firma en las licencias con la serie 6 mil correspondía a Leonardo Escudero. Como consecuencia, las personas afectadas no han podido renovar sus licencias, ya que se consideran documentos falsos.

Rivera Barquín agregó que no existe un registro preciso del monto cobrado por estas licencias fraudulentas, pero algunos propietarios de negocios afectados indicaron que los montos variaban entre 80 mil y 130 mil pesos. Este caso ha generado una profunda preocupación en la opinión pública y ha puesto de manifiesto la necesidad de una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y garantizar la transparencia en la administración pública municipal.