Andrés Velázquez, recién electo diputado del distrito 13, mencionó que existe una efervescencia política al proponer una transformación radical del poder judicial, que busca solventar las necesidades directas del pueblo. Marco Rico presidente estar al de Morena, señaló que esta reforma busca romper con décadas de desinformación y corrupción en el sistema judicial, así mismo señaló que en los tres niveles de gobierno debe existir austeridad. 

Rico enfatizó que los principios y programas de la 4T demandan un poder judicial austero y transparente, subrayando la necesidad urgente de reformas profundas. Por su parte, Hilda Miranda, diputada electa del distrito 17, ha abogado firmemente por la democratización de estas reformas, asegurando que deben reflejar las aspiraciones y necesidades del pueblo.

Tania Meza, representante del distrito 12, respaldó el "Plan C" que incluye un amplio paquete de reformas diseñadas para servir directamente a la población. Destacó que la reciente votación masiva del 2 de junio reflejó un claro descontento popular con el estado actual del poder judicial, afirmando que "el pueblo pone y el pueblo dispone".

El Lic. Raúl Serret Lara, defensor de la reforma, subrayó la importancia de modificar el poder judicial para atenderlo de manera  orgánica  y efectiva. Destacó u que el plan  incluye la elección popular de ministros, magistrados y jueces, con renovaciones escalonadas y la participación activa de los actuales funcionarios judiciales en el proceso electoral.

Entre los puntos más controvertidos de la propuesta se encuentra la reducción del número de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a 9, así como la eliminación de dos salas y la pensión vitalicia para los ministros, estableciendo un salario tope similar al del presidente de la República.

El proceso electoral propuesto garantiza candidaturas igualitarias y paritarias propuestas por los tres poderes de la unión, supervisadas por el Senado y el INE para asegurar la transparencia y legalidad del proceso. Se prohíbe el financiamiento público y privado para campañas, así como la participación de partidos políticos o proselitismo a favor o en contra de cualquier candidato.

Esta iniciativa, que busca transformar profundamente el sistema judicial mexicano, ha generado un intenso debate nacional sobre la mejor manera de asegurar la equidad, la transparencia y la eficiencia en la administración de justicia, marcando un hito crucial en el camino hacia un sistema judicial más justo y representativo para todos los ciudadanos.