​

El Congreso del Estado de Hidalgo aprobó una reforma fundamental al Código Penal local, centrando su atención en los delitos motivados por odio. Esta medida surge en un contexto especialmente relevante tras el asesinato de “le magistrade” Jesús Ociel Baena, cuya trágica muerte en noviembre de 2023, destaca la necesidad de fortalecer la legislación en torno a los crímenes de odio y la discriminación.

El Magistrado Jesús Ociel Baena, una figura destacada en el ámbito judicial y político de México, fue reconocido por su rol histórico como el primer magistrade electoral no binario en el país y América Latina. Su nombramiento rompió paradigmas y techos de cristal, convirtiéndolo en un símbolo de avance en la inclusión y la diversidad.

A lo largo de su carrera, Baena enfrentó una creciente ola de hostilidad, incluyendo burlas, mensajes hirientes y amenazas de muerte, debido a su identidad no binaria y su activismo. En respuesta a estas amenazas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) implementó medidas cautelares en su favor en julio de 2023 para proteger su seguridad.

Sin embargo, el 13 de noviembre de 2023, Jesús Ociel Baena y su pareja sentimental, Dorian Daniel Nieves Herrera, fueron encontrados muertos en su domicilio en Aguascalientes. La fiscalía general del Estado de Aguascalientes (FGE) determinó que el asesinato no estuvo relacionado con motivos de odio, sino con un conflicto personal. La noticia, aunque desvinculada del contexto de odio, dejó una profunda marca en la sociedad y en el ámbito legal.

La reciente reforma al Código Penal de Hidalgo, propuesta por la Diputada Lisset Marcelino Tovar, introduce cambios significativos enfocados en la sanción de delitos motivados por odio. Esta legislación refleja una respuesta proactiva ante la violencia y la discriminación, buscando ofrecer una protección más robusta para todas las personas.

Se añade una nueva fracción que califica el homicidio y las lesiones cometidos por odio o prejuicio hacia la víctima debido a su origen étnico, género, orientación sexual, discapacidad u otras características personales. Esta modificación responde a la necesidad de abordar las violencias motivadas por odio con una perspectiva más amplia y severa.

Modifica para incluir bienes relacionados con actividades agrícolas y ganaderas en la categoría de objetos cuyo robo se sanciona con mayor rigor, protegiendo mejor los recursos vitales para el sector primario.

Incrementa la pena para delitos cometidos por servidores públicos que obstruyan la procuración de justicia, reflejando la seriedad con la que se debe tratar la corrupción y el obstaculizamiento en la administración de justicia.

Refuerza la sanción para aquellos que obstruyan la investigación de delitos, asegurando que quienes interfieran con el proceso de justicia enfrenten penas más severas.

La reforma busca transformar el ámbito penal en Hidalgo, enfocando las sanciones en el contexto motivacional de los delitos y reflejando un compromiso con los derechos humanos y la igualdad. La incorporación del odio como factor agravante pretende garantizar que los delitos motivados por odio sean tratados con una perspectiva más sensible y adecuada a la magnitud del daño causado