Más de 700 funcionarios del Poder Judicial de la Federación en Hidalgo, han decidido suspender sus labores de manera indefinida, a partir del primer minuto del miércoles, como respuesta a la iniciativa de reforma judicial propuesta por el gobierno federal y la cual tiene el apoyo de la actual y de la próxima legislatura.

La decisión, tomada por trabajadores de tribunales y diversas oficinas judiciales, es una protesta contundente contra los cambios legislativos que, según argumentan, amenazan la independencia y eficacia del sistema judicial.

Esta decisión forma parte de un paro nacional en protesta contra la Reforma Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que será evaluada por la próxima legislatura.

La reforma, según dijeron los manifestantes, introduce una serie de modificaciones estructurales y operativas que los empleados judiciales consideran perjudiciales.

Entre las principales preocupaciones expresadas se encuentran los posibles impactos negativos en la autonomía del Poder Judicial, la eficiencia en la administración de justicia, y las condiciones laborales de los empleados.

Estos cambios, afirman los funcionarios, podrían desestabilizar el equilibrio necesario para una justicia equitativa además de cambios en la selección de jueces y magistrados, incluyendo la elección de estos cargos por voto ciudadano.

Además, propone reducir el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9, y modificar el proceso de selección para incluir propuestas del Ejecutivo, la SCJN, la Cámara de Diputados y el Senado.

Durante una rueda de prensa este lunes, Jorge Daniel Martínez, vocero de los trabajadores del 29 Circuito en Hidalgo, confirmó que la suspensión iniciará a las 00:01 horas del miércoles. La medida se alinea con un paro más amplio que también afecta a 931 órganos jurisdiccionales en otras regiones del país, incluyendo Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Coahuila y Yucatán.

La suspensión indefinida de labores comienza de inmediato y afectará significativamente el funcionamiento de los tribunales y otras entidades judiciales en Hidalgo. La medida podría provocar retrasos en la tramitación de casos y complicar el acceso a la justicia para los ciudadanos, creando una ola de incertidumbre en la región.

Aunque la suspensión de labores afectará la administración de justicia, la jueza Baca Cardozo destacó que se garantizará la atención de asuntos urgentes según el Artículo 19 de la Ley de Amparo y la Constitución, asegurando que se resolverán casos esenciales como pensiones alimenticias y detenciones.

El movimiento ha sido organizado por sindicatos y asociaciones de trabajadores del Poder Judicial, quienes han expresado su frustración y descontento a través de comunicados y manifestaciones. Los líderes sindicales sostienen que la reforma no solo altera la estructura de trabajo y los procedimientos, sino que también amenaza la estabilidad y la calidad del servicio judicial que el pueblo de Hidalgo merece.

La jueza federal, Verónica Gutiérrez Fuentes, por último mencionó que, se realizará una votación entre jueces y magistrados para decidir si se unirán a la suspensión de actividades, enfatizando la necesidad de preservar la independencia judicial ante los cambios propuestos.