La Contraloría del Estado, en conjunto con la Oficialía Mayor, ha iniciado un riguroso proceso de baja de 86 vehículos pertenecientes a diversas dependencias de seguridad pública, en un evento realizado en el estacionamiento del centro comercial Plaza Qubika, ubicado en Zapotlán de Juárez.

Este procedimiento incluyó la revisión técnica y la firma del acta correspondiente para dar de baja los vehículos. De las 86 unidades, 17 estaban adscritas a la Secretaría de Seguridad Pública, una a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, y 68 a la Subsecretaría de Operación Policial. La revisión física fue llevada a cabo por el taller de mantenimiento vehicular La Paz, aplicando criterios estrictos, como la obsolescencia, el fin de vida útil, daños estructurales graves y el incumplimiento de las regulaciones ambientales.

De las unidades dadas de baja, 66 estaban asignadas a direcciones municipales en localidades como Zimapán, Ajacuba, Tlahuelilpan y Pachuca, mientras que diez vehículos pertenecían a delegaciones regionales y especializadas. También se incluyeron vehículos destinados al transporte pesado y a temas administrativos y de seguridad.

Álvaro Bardales, titular de la Contraloría, subrayó la importancia de este proceso al afirmar: “Nuestro objetivo es asegurar que el proceso de baja se realice de manera transparente y conforme a los criterios establecidos, para evitar el mal uso de los bienes públicos y prevenir actos de corrupción”.

La intervención busca prevenir la venta ilegal de vehículos a terceros y la manipulación de inventarios en beneficio personal de funcionarios. Con la implementación adecuada de estos criterios, se asegura que solo aquellos vehículos que realmente han superado su vida útil y que no cumplen con las normativas vigentes sean dados de baja, evitando así la eliminación innecesaria de activos.

Esta medida refleja el compromiso constante de la Contraloría con la integridad y la rendición de cuentas en la administración pública estatal, garantizando que los recursos y activos públicos sean gestionados con la máxima transparencia y eficiencia.