Luciano Cornejo Barrera, representante de la Secretaría de Gobernación (Segob) en Hidalgo, declaró que el sindicato identificado como Confederación Internacional de Organizaciones y Asociaciones Sindicales (CIOAS), ha estado vinculado a disputas previas en esta entidad, tratando de imponerse para ganar contratos, lo que dificulta el trabajo de las empresas, afecta la economía local y la ejecución de obras.

Lo anterior lo dijo en relación a que la mañana del jueves, en Zimapán, Hidalgo, alrededor de 3,000 trabajadores y pobladores se manifestaron para exigir la intervención de autoridades municipales y estatales, con el fin de evitar la entrada de dicho sindicato en obras carreteras.

Los manifestantes rechazan la presencia de este sindicato foráneo, argumentando que ya ha generado conflictos en otras regiones de Hidalgo; y que no cuenta con el respaldo de la comunidad local.

"Ha habido meses de trabajo que se han atendido por la Secretaría de Gobierno del Estado, pero esta situación se ha complicado con la llegada de personas del Estado de México, portando armas", afirmó Cornejo.

De acuerdo con los manifestantes, el conflicto se originó por la intención del sindicato de intervenir en proyectos de construcción, específicamente en el traslado de materiales para la construcción de la carretera de cuatro carriles, que conecta con la zona de Zacualtipán.

Empresarios locales que ganaron las licitaciones para el proyecto han señalado que la introducción de este sindicato ha dificultado su trabajo, afectando tanto a la economía local como la ejecución de los proyectos.

Los pobladores de Zimapán, quienes consideran que este sindicato no representa sus intereses, dejaron claro que no permitirán que se les imponga una organización externa, especialmente si eso significa conflictos laborales o la alteración del orden social en su comunidad.

Mesa de trabajo con autoridades estatales

Para abordar la situación, se ha convocado una mesa de trabajo en la oficina de las comunidades de Gobernación, en la que se están analizando las posibles soluciones.

A pesar de la tensión, Cornejo aseguró que el gobierno estatal está comprometido a atender el problema de forma justa y a garantizar la seguridad y el bienestar de los habitantes de Zimapán.