Es necesario fortalecer las políticas públicas existentes, para evitar problemas de salud mental en los estudiantes como: depresión, ansiedad, falta de concentración, sueño y pensamientos suicidas.

Ante los altos niveles de maltrato escolar, hostigamiento o acoso, el senador de Morena, Cuauhtémoc Ochoa presentó la iniciativa que reforma el artículo 16 de la Ley General de Educación para que en el desarrollo de los programas y políticas en los diversos niveles de educación se luche contra el maltrato escolar.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discrminación (ENADIS) 2022 publicada por INEGI, de las 11.7 millones de personas de 12 a 17 años que asistían a la escuela en México durante 2022, 28% comunicaron haber sido víctimas de acoso escolar en los últimos 12 meses, elevando a 3.3 millones de estudiantes adolescentes la cantidad de víctimas de esta forma de violencia en el país.

Ante dicho escenario, el senador Cuahtémoc Ochoa expresó que es necesario fortalecer las políticas públicas existentes, para evitar problemas de salud mental en los estudiantes como: depresión, ansiedad, falta de concentración, sueño y pensamientos suicidas.

Advirtió que el ciberacoso ha ganado terreno debido al mal uso de los medios digitales. “Este fenómeno es mayormente visible entre la población de niños y niñas de entre 11 hasta los 16 años y los efectos son visibles en la salud de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Consideró necesario que la comunidad estudiantil trabaje de forma coordinada para impulsar espacios escolares seguros.

Por todo ello, el legislador morenista propone que la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia, sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación, la violencia y maltrato escolar, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, así como personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social.  

Agregó, deberá implementar políticas públicas orientadas a garantizar la transversalidad de estos criterios en los tres órdenes de gobierno.