Diversas organizaciones de la sociedad civil y academia que integran la Alianza por la Salud Alimentaria, están en pie de lucha para que se cumpla la obligación de publicar y hacer cumplir los Lineamientos Generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en escuelas del Sistema Educativo Nacional, como lo dispone la Ley General de Educación, plazo que vence este lunes 17 de junio de 2024.

Las escuelas son por sí mismas espacios idóneos para combatir y prevenir la obesidad infantil, sin embargo, hoy las escuelas del país son omisas en la ganancia de peso de los niños y su malnutrición, porque éstos tienen acceso desmedido a productos chatarra, a veces como única opción de consumo.

El sobrepeso y la obesidad, incluyendo la infantil, se han reconocido como emergencias epidemiológicas, debido a su magnitud, rapidez de crecimiento y el efecto negativo en la salud y economía del país.

En México, el sobrepeso y la obesidad infantil aumentaron en 120% en las últimas tres décadas, proyectándose que para el 2030, 7 millones de niños y jóvenes vivirán con exceso de peso y 50% desarrollarán diabetes a lo largo de su vida.

Además, hay un mayor riesgo de que desarrollen presión arterial alta, colesterol alto, asma, problemas en articulaciones y trastornos mentales. También existen impactos económicos insostenibles para el Estado, ya que tan solo atender la obesidad infantil cuesta 650 mil millones de pesos cada año.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), realizó un modelo matemático para proyectar el impacto positivo al implementar efectivamente los nuevos Lineamientos y los resultados son reveladores, se estima una reducción de nueve puntos porcentuales en la obesidad infantil en un año; por lo que las organizaciones de la sociedad civil y academia que integran la Alianza por la Salud Alimentaria, calculan que, de no aplicar los nuevos lineamientos en el próximo ciclo escolar: 500,000 niñas, niños y adolescentes más, vivirán con obesidad.

Desde hace catorce años se crearon, con participación de la industria alimentaria, los primeros Lineamientos para regular los entornos alimentarios escolares, y la SEP es quien tiene el mandato legal y ético para operarlos. Pese a esto, múltiples investigaciones y ejercicios de vigilancia ciudadana evidenciaron el incumplimiento histórico de la regulación en las escuelas del país.

En 2013 el 80% de la oferta era de bebidas azucaradas y solo 6% de alimentos sanos; entre 2014 y 2024 el 79% vendían refrescos, 9 de cada 10 escuelas vendían golosinas, dulces, frituras y/o helados. Y sólo 19% tenían acceso a frutas, verduras y agua potable para consumo.

En 2018 las comunidades escolares desconocen la regulación, no hay financiamiento para manuales, ni capacitaciones.

En 2022 una auditoría de basura plástica encontró que escolares consumen 550 calorías extras provenientes de productos chatarra durante la jornada escolar, generando más de 2,000 empaques de desechos plásticos cada día.

En ese sentido, la Alianza por la Salud Alimentaria recordó que, en abril de 2021 las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), firmaron un acuerdo de colaboración para educar en la creación de escuelas limpias y sustentables, en donde se busca fomentar el uso mínimo de residuos plásticos y la práctica de una alimentación saludable en todos los niveles educativos.

También, el pasado mes de abril, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y SEP, firmaron otro convenio para unir esfuerzos en acciones de orientación nutricional y fomento de la actividad física.

Sin embargo, toda educación alimentaria tiene que estar acompañada de un ambiente escolar saludable que refuerce los contenidos educativos, de lo contrario, solo se aprecian esfuerzos desarticulados y carentes de continuidad.

Organismos internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han llamado al Estado mexicano a transformar los entornos alimentarios escolares en saludables como acciones costo-efectivas, teniendo un retorno de inversión de 9 pesos por cada peso invertido.

Incluso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió la Recomendación 39/2019, haciendo un llamado a la SEP para regular los ambientes alimentarios en todas las escuelas de país en garantía a los derechos de la infancia.