Con el objetivo de combatir y desincentivar prácticas de explotación laboral en el país, la Secretaría de Gobernación (Segob) anunció la emisión de un decreto que reforma la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas, así como para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos. La medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece severas sanciones para quienes infrinjan estas disposiciones.

Según lo detallado en el decreto, los jefes, patrones y empresas que implementen jornadas laborales que excedan las ocho horas diarias o las 48 horas semanales podrán enfrentar multas económicas de hasta 70 mil días de salario mínimo vigente y penas de hasta 12 años de prisión.

Las multas económicas podrían ascender hasta los 12.4 millones de pesos, mientras que las sanciones aumentarían a 17.4 millones de pesos en casos donde los afectados sean miembros de comunidades indígenas o personas afromexicanas, destacando así la protección hacia estos grupos vulnerables.

"Las penas o castigos serán aplicados a quien explote laboralmente a una o más personas", establece claramente el decreto, el cual también define como explotación laboral el trabajo en condiciones insalubres o peligrosas.

En cuanto a las horas extra, el decreto establece limitaciones estrictas, indicando que no deberán exceder las tres horas diarias ni nueve semanales. Además, especifica que la remuneración por este tiempo adicional debe ser de al menos el doble del salario correspondiente a las horas de la jornada laboral habitual.

La Secretaría de Gobernación enfatizó la importancia de estas reformas para garantizar condiciones laborales justas y seguras para todos los trabajadores en México. Esta medida busca no solo sancionar a quienes incumplan estas normativas, sino también prevenir y erradicar la explotación laboral en todas sus formas.

Con estas acciones, el gobierno mexicano refuerza su compromiso con la protección de los derechos humanos y laborales, asegurando que todas las personas puedan ejercer su trabajo de manera digna y segura, sin temor a ser explotadas o vulneradas en sus derechos fundamentales.

Con información de: Eje Central