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Familiares de personas privadas de libertad en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tulancingo han presentado denuncias sobre el presunto cobro de "derecho de piso" a internos para que puedan acceder a oportunidades laborales dentro del penal.

Según relatos de familiares, quienes prefirieron mantener el anonimato por temor a represalias, este cobro se lleva a cabo los días domingo, justo antes de la entrada de las visitas. Aseguran que esta práctica irregular ha sido permitida por la nueva dirección del penal en las últimas semanas, junto con otras actividades comerciales y violaciones a los derechos humanos.

El monto solicitado a los internos para garantizar su "derecho" al trabajo es de 4 mil pesos semanales, una suma que los denunciantes consideran exorbitante, especialmente teniendo en cuenta las limitadas ganancias que pueden obtener dentro del centro, ya sea trabajando en carpintería, costura, puestos de comida o en máquinas recreativas.

De acuerdo con los familiares, la desesperación de algunos reclusos los lleva a solicitar préstamos dentro del penal para cubrir este pago, lo que, a su vez, provoca represalias en forma de agresiones físicas a aquellos internos que no pueden cumplir con dichas exigencias.

Otra práctica denunciada es el cobro por la credencial conyugal, que antes no tenía costo alguno. Según los testimonios, si un recluso no puede proporcionar ropa, se ven obligados a dar algo al oficial a cargo. Estas denuncias ponen de manifiesto la urgente necesidad de una investigación exhaustiva para esclarecer y abordar las posibles irregularidades en el CERESO de Tulancingo, así como garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los internos y sus familias.