Con base en investigaciones de la Subprocuraduría oriente, un tribunal de enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria de 9 años de prisión para una persona identificada como M. A. M. O., a quien se le probó plenamente su responsabilidad en hechos que la ley sanciona como fraude.

Los sucesos investigados ocurrieron en Tulancingo, en diciembre de 2020, cuando la persona imputada, en su carácter de representante legal de la víctima, le solicitó 435 mil pesos para solventar gastos de supuestos trámites que, le aseveró, eran necesarios para evitar que su esposo fuera procesado por autoridades federales.

Sin embargo, al darse cuenta de que ninguna autoridad tenía investigaciones contra su esposo, y no había trámites que debieran requerir pago alguno, se presentó ante el Ministerio Público y denunció lo ocurrido.

Una vez que agentes del Ministerio Público adscritos a la Subprocuraduría Oriente, se allegaron de datos de prueba contra M. A M. O., se obtuvo su vinculación a proceso.

Finalmente, tras concluir el plazo de investigación complementaria y agotar todas las etapas del proceso penal, la representación social probó plenamente la responsabilidad de M. A. M. O., en hechos que la ley sanciona como fraude, por lo que un tribunal de enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria de 9 años de prisión. Además, se le impuso el pago por concepto de la reparación del daño, así como una multa.